Columna de M
arcelo Sánchez
Fundación San Carlos de Maipo
Es interesante observar la discusión que se ha dado en torno al financiamiento de las prioridades sociales. Con un gasto fiscal claramente expansivo es evidente que existe la necesidad de establecer un criterio de asignación que dé respuesta a financiar soluciones urgentes de los grupos más postergados. Sin embargo, esta lógica de apostar por una parte del gasto adicional reduce de manera importante las opciones de los grupos que, siendo minoritarios, deben tener sin cuestionamiento el apoyo del presupuesto fiscal, como es la realidad que enfrentan los niños en el sistema de protección de Sename.
En efecto, la ecuación es equivocada si pretendemos que el Estado siga creciendo en su gasto público. Bien sabemos que ello no es neutro, sus consecuencias inherentes se ven reflejadas en el largo plazo sobre las posibilidades de crecimiento, el empleo y la disminución de poder adquisitivo, todas situaciones altamente regresivas pues precisamente afectan en mayor proporción a las personas más vulnerables.
Entonces, si sabemos que la expansión del gasto puede afectar a los grupos más vulnerables y ello no es garantía para que este grupo acceda prioritariamente a sus beneficios, pareciera ser adecuado cambiar la lógica y ver los espacios de eficiencia al interior del Estado como una fuente sostenible del financiamiento del gasto social. De manera más concreta debemos entender el concepto es que no se necesita más Estado sino un mejor Estado, capaz de invertir con las prioridades adecuadas en aquéllos programas y dispositivos de política pública, que apunten a resolver en base a la evidencia, con criterio de calidad y no sólo de ejecución del gasto.
Si observamos el sistema de evaluación de Programas e Instituciones de la Dipres, que toma una pequeña muestra de los programas ejecutados por el Estado cada año y que se presenta antes de la discusión de la Ley de Presupuesto, las últimas 2 muestras de casi una veintena de programas cada una evidencia que más de un 70% de los programas son calificados de desempeño insuficiente. En su conjunto, cada año esos programas representan un marco presupuestario del orden de los 600 millones de dólares, es decir casi el doble de lo que significó el aumento del 10% incremental de gratuidad y, por cierto, una cifra que excede con creces a lo requerido para dar solución adecuada a la crisis del Sistema de Protección.
Debemos tener una mirada responsable, eficiente y sustentable del gasto fiscal y a partir de ello generar soluciones urgentes que no estén al vaivén de las voluntades políticas, sino de la evidencia, la calidad de la ejecución de los programas y de la gestión de la institucionalidad.
Este simple ejercicio nos da cuenta de que no se requiere más gasto fiscal, sino reasignar las prioridades dejando de invertir en programas con desempeño insuficiente, lo que no ocurre en la actualidad, transformándose en una inercia presupuestaria que finalmente atenta contra otros temas urgentes, como es nuestra infancia vulnerada.
